Según datos de 2011, en España existía un promedio del 20% de personas mayores institucionalizadas que eran objeto del uso de sujeciones de forma continuada, aumentando al 40% en el caso de personas con demencia.
Cuando afrontamos el diagnóstico y las posibilidades de tratamiento de un paciente con enfermedad de Alzheimer, más pronto que tarde, profesionales, paciente y familiares llegaremos al acuerdo de que el objetivo de nuestros esfuerzos no será el de la curación de la enfermedad, sino que deberá ser el de conseguir la mejor calidad de vida posible para nuestros pacientes.
Con frecuencia, las familias de personas afectadas de demencia nos consultan sobre la utilidad del certificado de discapacidad o, al menos, por los trámites a realizar para conseguir su reconocimiento.
Los asuntos financieros y patrimoniales que implican a la persona con demencia deben ser tratados desde las etapas tempranas de la enfermedad.
En España se ha ido desarrollando distinta normativa según los mandatos constitucionales. De la misma es necesario destacar dos: Ley 3/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos: sus principios guían toda la normativa en materia de discapacidad; y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad.
